Investigación judicial por negligencia en el control del cáncer de mama en Andalucía
La Fiscalía de Andalucía, con sede en Granada, ha dictado un decreto en fecha reciente para abrir diligencias de investigación. Esta acción se produce tras recibir múltiples denuncias relativas a presuntas fallas en la asistencia sanitaria en Andalucía, específicamente en el programa de detección precoz de cáncer de mama. Estas irregularidades podrían constituir un «funcionamiento defectuoso» o una aplicación deficiente del proceso asistencial integrado para esta enfermedad.
Requerimiento de Información y Reparación del Daño
La Fiscalía ha solicitado formalmente a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que informe sobre los hechos denunciados. El requerimiento también incluye la necesidad de detallar las «medidas adoptadas para la reparación del daño de las víctimas», así como las acciones de prevención implementadas para evitar que incidentes similares se repitan en el futuro, según lo comunicado por la propia Fiscalía.
Origen de las Denuncias
Las denuncias que han impulsado la actuación de la Fiscalía provienen de distintas entidades. La Asociación El Defensor del Paciente ha presentado la queja inicial, ampliándola posteriormente con diversos casos particulares de mujeres afectadas. También han formalizado denuncias las formaciones políticas Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía.
La Postura de El Defensor del Paciente
El Defensor del Paciente había instado a la Fiscalía a actuar contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por «dejación de funciones». La entidad sostiene que esta clara omisión ha puesto en «grave riesgo» a las pacientes, quienes podrían sufrir un agravamiento de su enfermedad o, en el peor de los casos, «perder como mínimo sus pechos por esa acción negligente de la Junta de Andalucía». La asociación subraya que los programas de prevención y detección deben cumplirse sin retrasos ni excusas, ya que su incumplimiento solo genera sufrimiento y costes al sistema público de salud.
Acusaciones de Izquierda Unida y Tipificación de Posibles Delitos
Izquierda Unida (IU) formalizó su denuncia debido a los «errores graves» en el programa de cribado, señalando como presuntos «implicados» a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta: Rocío Hernández (actual), Catalina García (anterior, ahora en Sostenibilidad) y Jesús Aguirre (anterior, actual presidente del Parlamento).
La denuncia de IU, fechada el 6 de octubre, sugiere que los sucesos apuntan «indiciariamente la comisión de múltiples delitos», entre ellos «homicidio imprudente en comisión por omisión», «lesiones imprudentes en comisión por omisión» y «omisión del deber de prestar servicios sanitarios».
Respecto al homicidio imprudente, se argumenta que un «fallo sistémico en la gestión sanitaria» habría impedido el seguimiento adecuado de los casos clasificados como «no concluyentes» o «dudosos». Organizaciones como la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama han indicado que la falta de diagnóstico precoz ha permitido la evolución del cáncer, llegando en algunos casos al fallecimiento de pacientes. La detección temprana es crucial, pues mejora drásticamente la supervivencia y permite tratamientos menos invasivos, siendo la gestión de este programa responsabilidad directa de la Consejería de Salud.
Si se confirmase el fallecimiento de una mujer que, tras un resultado dudoso en el cribado, no recibió el seguimiento apropiado, se configuraría un supuesto de homicidio imprudente por la relación de causalidad entre la inacción y el daño.
En cuanto a las lesiones imprudentes, se señala que la omisión o el retraso en la revisión de resultados no concluyentes, considerada una falta de diligencia en la gestión pública, ha expuesto a las mujeres a un «riesgo grave para su salud», retrasando la detección y tratamiento y, posiblemente, obligándolas a someterse a procedimientos más agresivos.
Las Acciones Legales de Adelante Andalucía
Por su parte, Adelante Andalucía también exige la investigación de estos hechos, enmarcándolos en una «conducta indiciariamente constitutiva» de delitos como lesiones por imprudencia grave, homicidios por imprudencia grave, y dejación de funciones del servicio público, señalando subsidiariamente la posible omisión del deber de prestar servicios sanitarios.
La denuncia de Adelante se dirige específicamente contra la actual consejera de Salud, Rocío Hernández, su predecesora, Catalina García, la viceconsejera de Salud, María Luisa del Moral, y la gerente del SAS, Valle García.
