Interior anula el contrato con la empresa israelí para suministrar balas a la Guardia Civil
El Ministerio del Interior ha confirmado la rescisión oficial del contrato con la empresa israelí IMI Systems Ltd, adjudicataria de un pedido de 17 millones de balas para la Guardia Civil valorado en 6,6 millones de euros.
La decisión se adopta por “imposibilidad legal sobrevenida”, ya que está vigente la prohibición de importar material de defensa desde Israel. Interior aclara que la compañía no recibirá indemnización, aunque sí se le devolverán los 274.500 euros depositados como garantía (el 5% de la licitación). La resolución es recurrible.
Polémica política y rectificación del Gobierno
La adjudicación generó polémica en abril, al contradecir las palabras del presidente Sánchez, quien había anunciado que España no compraría armamento a Israel mientras continuara la ofensiva en Gaza. La crisis tensionó la coalición de Gobierno con Sumar y puso en riesgo apoyos parlamentarios.
Ante la situación, Sánchez ordenó anular el contrato, desautorizando al ministro Grande-Marlaska, que en un primer momento defendía mantener la operación para evitar costes al Estado.
Obstáculos legales y nuevas licitaciones
Interior detalla que el Servicio de Armamento pidió en julio autorización para importar un primer lote de 5,5 millones de balas, pero fue rechazado por la JIMDDU (Junta Interministerial de Comercio Exterior de Material de Defensa). Esta negativa, ratificada después por un real decreto del 23 de septiembre sobre medidas urgentes contra el genocidio en Gaza, imposibilitó seguir adelante con la compra.
El Gobierno asegura que la anulación no provocará desabastecimiento de munición. De hecho, ya se adelantó la entrega de un tercer lote contratado a la empresa checa Sellier & Bellot, y otras compañías europeas y latinoamericanas habían mostrado interés en participar en la licitación.
Grande-Marlaska bajo presión parlamentaria
El ministro del Interior tuvo que comparecer en el Congreso el pasado 21 de mayo para explicar su gestión. Reconoció que supo en octubre del año anterior que la empresa adjudicataria era israelí y que, desde entonces, se exploraron fórmulas para rescindir el contrato sin perjuicio económico para el Estado.
Reacciones de Israel y repercusiones diplomáticas
La empresa israelí ha anunciado que emprenderá acciones legales, mientras que el gobierno de Benjamin Netanyahu criticó la medida acusando a España de “anteponer fines políticos a la seguridad”.
Las tensiones se enmarcan en un contexto de deterioro diplomático: España reconoció al Estado de Palestina en mayo del año pasado, ha exigido en repetidas ocasiones el fin de la guerra en Gaza, y en junio pidió intervenir ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el proceso por presunto genocidio contra Israel.
