El Supremo mantiene las órdenes de detención en Puigdemont, Comín y Puig

El Tribunal Supremo no amnistía la malversación y mantiene las órdenes de detención a Puigdemont, Comín y Puig

El Tribunal Supremo (TS) ha emitido dos autos en los que declara no amnistiable el delito de malversación y, por tanto, deja fuera del ámbito de aplicación de la ley al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. La resolución cita expresamente la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la corrupción, actualmente en trámite, que prohíbe el indulto y la amnistía del delito de malversación.

La sala entiende que los acusados ​​obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial, dato que niegan el fiscal y la Abogacía del Estado. “Desde los primeros momentos del derecho codificado, el ánimo de lucro se ha considerado perfectamente compatible con cualquier otra finalidad. Lo que se apodera de bienes ajenos -en este caso, patrimonio público- comete un delito aunque el metálico obtenido se destine a regalos a terceros, limosna o cualquier otra causa altruista. El castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por quedarse con las cosas de otro”, sino por “quitarle a otro las cosas”, afirman.

El auto explica que el concepto de beneficio debe entenderse como cualquier aprovechamiento, rendimiento o ventaja.

Se mantienen las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig

El TS también mantiene las órdenes de detención en el estado contra Puigdemont, Comín y Puig, lo levanta contra Marta Rovira y no archiva la inhabilitación de Junqueras, Romeva, Turull y Bassa hasta 2030 y 2031. Además, también acordó promover una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia para los cuatro condenados y los cuatro exiliados.

Llarena aclara que las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig se mantienen sólo para el delito de malversación, pero no para el de desobediencia. En cualquier caso, da un plazo de 10 días a las partes para que aleguen sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad respecto a la desobediencia.