Polémica en Jumilla por la prohibición de fiestas islámicas impulsada por el PP a propuesta de Vox
El Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) aprobó la semana pasada una modificación que, en la práctica, impide a la comunidad islámica celebrar sus festividades en instalaciones deportivas municipales. La propuesta, impulsada inicialmente por la ultraderecha de Vox y apoyada por el PP, ha desatado una fuerte polémica con acusaciones de xenofobia y de vulnerar la libertad de culto.
Aunque el texto final aprobado no menciona religiones concretas, establece que las instalaciones solo podrán destinarse a actividades deportivas o a actos organizados por el consistorio, excluyendo cualquier uso cultural, social o religioso externo.
Respaldo del PP estatal y tensiones políticas
La dirección nacional del PP ha respaldado la decisión del gobierno local, minimizando su alcance. Elias Bendodo, coordinador general del partido, afirmó que “no se trata de religión ni de nacionalidades, sino de una modificación legal” y defendió que el PP “respeta las creencias de todos”.
También Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad, calificó de “inaceptable” que se tache al PP de partido xenófobo. Esta postura se produce en un contexto en el que el PP de Murcia ha pactado presupuestos con Vox, con cesiones en materia migratoria.
Críticas del Gobierno y de la Iglesia
El Gobierno ha abierto una investigación a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, calificando la medida de “absolutamente racista”. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, advirtió que se vigilarán posibles discursos de odio derivados de esta decisión.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Española ha defendido que las manifestaciones religiosas públicas están protegidas por la Constitución y ha recordado que la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a practicar la religión en público o en privado. Los obispos advirtieron de que restringir el culto constituye una discriminación incompatible con la democracia.
Un conflicto con precedentes
La controversia llega poco después de los incidentes racistas en Torre Pacheco, donde Vox señaló a la población migrante y el PP evitó una condena clara.
En Jumilla, un municipio de casi 30.000 habitantes, alrededor de 2.000 son migrantes, la mayoría de origen marroquí. Ante estos antecedentes, el Gobierno central ha prometido reaccionar con rapidez y garantizar el seguimiento de cualquier deriva discriminatoria que pueda surgir.
