Detenido el fiscal del caso de los estudiantes de Iguala en México
Jesús Murillo Karam, fiscal general de México entre 2012 y 2015 durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, ha sido detenido este viernes por los delitos de desaparición forzosa, tortura y contra la administración de justicia.
Es el primer alto cargo puesto a disposición de la justicia por la desaparición de 43 estudiantes de una escuela de maestros rurales de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en las afueras de Iguala, también en el estado de Guerrero.
La detención de Murillo, que dirigió la primera investigación sobre estos hechos, ha tenido lugar al día siguiente de que se presentaran las conclusiones preliminares de la comisión por la verdad constituida en 2018 a instancias del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
La comisión considera que se cometió un «crimen de estado» y habla de connivencia entre varias administraciones, fuerzas de seguridad y el cartel Guerreros Unidos del narcotráfico
Una comisión creada después de que la primera investigación, ordenada por el gobierno de Peña Nieto, fuera fuertemente criticada por entidades defensoras de los derechos humanos, que denunciaron errores y abusos.
El 28 de enero del 2015, Murillo afirmó que la «verdad histórica» sobre la desaparición de los 43 estudiantes era que fueron asesinados y que sus cenizas fueron arrojadas al río San Juan tras incinerar los cuerpos en el vertedero de Cocula, un extremo considerado inviable por expertos internacionales que posteriormente investigaron los hechos.
La «verdad histórica» de Murillo acabó convirtiéndose en sinónimo de la corrupción del gobierno de Peña Nieto, así como de la impunidad con la que a menudo actuó, hasta el punto que terminó forzando la dimisión de Murillo.
Tras la detención de Murillo, la Fiscalía mexicana ha informado de que ha emitido otras 83 órdenes de detención contra 20 militares, más de 40 agentes de policía y 5 funcionarios, además de contra integrantes de los Guerreros Unidos.
Los cargos son «delincuencia organizada, desaparición forzosa, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia».
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, ha instado al gobierno mexicano a hacer más detenciones.
En declaraciones a la televisión ha dicho que «todavía queda mucho por hacer antes de poder pensar que este caso se ha resuelto».
