Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat acuerdan la transformación del Port Olímpic

Barcelona apuesta por una gestión turística más sostenible y de calidad

La primera reunión mixta del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya desde las últimas elecciones municipales ha impulsado acuerdos en materia de gestión turística, infraestructuras y educación.

El último encuentro de la Comisión Mixta, que es un órgano previsto por la Carta municipal de Barcelona, ​​se celebró el 25 de julio de 2018.

Gestión de la tasa turística

El órgano de coordinación entre ambas administraciones ha acordado fijar un calendario para la aprobación del tramo de recaudación municipal del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (IEET).

Es la tasa que las personas que se alojan en hoteles, apartamentos y otros tipos de alojamientos turísticos reglados pagan durante la estancia.

Se trata de una tasa autonómica, y una parte del importe recaudado se redistribuye a los municipios para que la administren.

Este acuerdo llega después de que el Pleno municipal de septiembre aprobara pedir a la Generalitat de Catalunya una modificación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos que permita añadir un recargo que grave las pernoctaciones en los establecimientos de la ciudad y también los desembarques de cruceros.

Delegación de competencias del Puerto Olímpico

La reunión ha servido para avanzar en el traspaso de competencias al consistorio para un período prorrogable de treinta años, a partir del 30 de abril de 2020.

La recuperación del Port Olímpic para la ciudad permitirá dejar atrás el modelo de ocio nocturno dirigido al turismo, que ha generado problemas de convivencia, seguridad y descanso en el vecindario, y convertir el ámbito portuario en un polo de actividades deportivas, espacios de divulgación y oferta gastronómica vinculado al mar.

Financiación de las guarderías

Ambas administraciones han acordado crear una comisión de trabajo para el financiación de las guarderías para reducir la deuda acumulada del Gobierno catalán con el consistorio municipal, que asciende a más de 25 millones de euros.

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