El Gobierno activa en el BOE la rebaja del IVA energético y nuevas medidas económicas
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho oficial el nuevo paquete de medidas aprobado por el Gobierno para hacer frente al impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio. Estas disposiciones, que entran en vigor de forma inmediata, cuentan con una dotación de 5.000 millones de euros y buscan aliviar el coste de la energía y proteger a ciudadanos y sectores económicos.
El presidente Pedro Sánchez ha señalado que las medidas se mantendrán “el tiempo que sea necesario”, con especial atención a ámbitos como el sector primario, la industria y las pymes, aunque también tendrán un impacto directo en el conjunto de la población.
Uno de los ejes principales del paquete es la reducción del IVA en productos energéticos. La electricidad pasa a tributar del 21% al 10%, acompañada de la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica y la rebaja del impuesto especial hasta el 0,5% mínimo.
En el caso del gas, también se reduce el IVA al 10%, incluyendo combustibles como los pellets y la leña, además de mantenerse la limitación del precio del butano y el propano.
Respecto a los carburantes, se aplica una bajada del IVA del 21% al 10%, junto con una reducción del impuesto de hidrocarburos al mínimo permitido en la Unión Europea. Esto se traduce en una rebaja de hasta 30 céntimos por litro y un ahorro aproximado de 20 euros por depósito en un vehículo medio.
Congelado el precio de los alquileres durante dos años
Refuerzo de ayudas para colectivos y sectores clave
El plan incorpora medidas específicas para proteger a los colectivos más vulnerables y a los sectores más afectados. Destaca la mejora del bono social eléctrico, con mayores descuentos para consumidores vulnerables, así como el incremento del bono social térmico.
También se garantiza el suministro básico de agua y energía, y se establecen ayudas directas de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, junto con apoyos para la compra de fertilizantes.
Además, se refuerza el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que contará con más capacidad para supervisar y sancionar posibles abusos en la aplicación de estas ayudas.
Medidas para la industria y acceso a financiación
Entre las iniciativas dirigidas al tejido productivo, se incluye una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para industrias electrointensivas, lo que permitirá reducir costes de forma significativa.
Asimismo, se amplía la línea de financiación pública con 300 millones de euros adicionales en créditos ICO, facilitando el acceso a recursos para el sector agroalimentario y pesquero.
Impulso a la transición energética y renovables
El paquete también contempla incentivos fiscales para avanzar en la transición energética. Se introducen deducciones en el IRPF para instalaciones de energías renovables, como placas solares, sistemas de climatización eficiente o puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Se refuerza el autoconsumo energético, ampliando la distancia entre generación y consumo, y se promueve el desarrollo de comunidades energéticas locales. Además, se impulsa el almacenamiento eléctrico y se facilita la implantación de nuevas infraestructuras renovables.
Medidas laborales y protección del empleo
En el ámbito laboral, se establece la prohibición de despidos en aquellas empresas que reciban ayudas públicas vinculadas a esta crisis. También se fomenta la implantación de planes de movilidad sostenible en empresas de mayor tamaño, con el objetivo de mejorar los desplazamientos laborales.
Actuaciones en vivienda y alquiler
En materia de vivienda, se contempla la congelación temporal de los precios del alquiler, junto con la prórroga de contratos que finalicen en los próximos años. No obstante, estas medidas se recogen en un decreto independiente, cuya convalidación parlamentaria aún no está garantizada.
Un plan para contener el impacto económico
Con este conjunto de iniciativas, el Ejecutivo pretende reducir la presión sobre los costes energéticos, proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos y sostener la actividad económica en un contexto internacional complejo.
