Catalunya impulsa una ley para reorganizar taxis, VTC y plataformas de transporte
La Proposición de Ley presentada en el Parlament de Catalunya introduce una regulación amplia destinada al transporte de viajeros en vehículos con capacidad de hasta nueve plazas. La norma abarca taxis, VTC, servicios de alta disposición, limusinas y plataformas digitales de intermediación, con la intención de redefinir de manera global el funcionamiento de este ámbito de la movilidad.
Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es la incorporación del modelo BESCANVI, una propuesta que plantea el canje voluntario de licencias VTC como fórmula de transición. Este sistema pretende ofrecer una alternativa estructurada al conflicto que desde hace años enfrenta a distintos actores del sector.
La propuesta legislativa busca consolidar un sistema estable y coherente para la regulación del transporte urbano e interurbano de pasajeros, basándose en las competencias exclusivas de la Generalitat de Catalunya. Además, el texto se apoya en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional, que reconocen la posibilidad de limitar el número de autorizaciones cuando existen motivos de interés general, como la protección del medio ambiente, la gestión del espacio público, la reducción de la congestión urbana o la planificación eficiente de la movilidad.
El taxi como eje del servicio público de movilidad
El proyecto normativo define al taxi como un servicio económico de interés general, lo que implica la aplicación de obligaciones propias de un servicio público. Entre estas obligaciones destacan la universalidad en la prestación, la continuidad del servicio, la igualdad de acceso para los usuarios y la existencia de tarifas reguladas.
Bajo este enfoque, el taxi se configura como la herramienta principal para garantizar la movilidad urbana ordinaria. La normativa establece que únicamente cuando esta cobertura resulte insuficiente podrán autorizarse otros servicios que actúen de manera complementaria.
Por el contrario, las VTC, los vehículos de alta disposición y las limusinas pasan a considerarse actividades privadas de carácter discrecional, lo que significa que operan fuera del régimen de servicio público y no están sujetas a las mismas obligaciones estructurales que el taxi.
BESCANVI: una fórmula de transición para las licencias VTC
Entre las propuestas centrales del proyecto destaca el sistema BESCANVI, que introduce un mecanismo voluntario para transformar las autorizaciones VTC actualmente vigentes. Mediante este procedimiento, los titulares de estas licencias podrían optar por convertirlas en una licencia municipal de taxi con una vigencia inicial de siete años, prorrogable durante un año adicional.
Otra alternativa contemplada consiste en transformarlas en autorizaciones de Alta Disposición, una nueva modalidad pensada para servicios que deben contratarse con antelación y que requieren un tiempo mínimo de disponibilidad para el usuario.
El propósito de esta medida es evitar la exclusión de operadores del mercado, permitiendo que continúen desarrollando su actividad bajo dos posibles marcos: el régimen del taxi o el modelo de operador de alta disposición.
El período máximo previsto para esta transición, que puede alcanzar hasta diez años de actividad, supera con amplitud los cuatro años de moratoria que la jurisprudencia consideró suficientes tras la aprobación del conocido Decreto Ábalos en 2018. Según el texto legislativo, esta ampliación pretende reforzar la seguridad jurídica durante el proceso de adaptación del sector.
De acuerdo con la propuesta, el sistema podría contribuir a reducir la conflictividad histórica entre el taxi y las VTC, al ofrecer una solución que busca integrar a los distintos operadores dentro de un mismo marco regulado.
Nuevas condiciones para el ejercicio de la actividad del taxi
La futura normativa prevé que las licencias de taxi puedan otorgarse tanto a nivel municipal como mediante autorizaciones concedidas por la Generalitat, permitiendo operar en ámbitos urbanos e interurbanos. Este modelo ha sido objeto de negociación política y podría confirmarse mediante una enmienda que se incorporaría al texto final con el respaldo de distintos grupos parlamentarios.
El proyecto también establece restricciones en la transmisión de las nuevas licencias temporales, permitiendo su traspaso únicamente en casos de fallecimiento o incapacidad del titular y exclusivamente a favor de herederos o del cónyuge. Esta limitación no se aplicará a las licencias anteriores, que conservarán su régimen jurídico actual.
El texto introduce además criterios ambientales obligatorios, de modo que los nuevos vehículos destinados al servicio deberán disponer de etiqueta ECO o de Cero emisiones.
En el plano profesional se refuerzan los requisitos para ejercer la actividad, exigiendo formación específica para los conductores y la acreditación de un nivel mínimo de catalán equivalente al B1.
La normativa contempla igualmente la geolocalización obligatoria de los vehículos, con el objetivo de facilitar la supervisión administrativa y permitir su integración en una infraestructura común de datos. También se abre la posibilidad de establecer adscripciones territoriales o franjas horarias determinadas, con la finalidad de asegurar una cobertura equilibrada del servicio.
Marco regulatorio para las VTC
Las VTC continúan clasificadas como una actividad privada, lo que les permite mantener libertad para fijar precios. Sin embargo, el proyecto introduce un marco regulatorio más definido que regula su funcionamiento.
Las autorizaciones pasan a tener una duración limitada con posibilidad de prórroga, y se incorpora la obligación de realizar una precontratación mínima registrada electrónicamente, lo que refuerza el control sobre la prestación del servicio.
La norma también establece de forma expresa la prohibición de captar clientes mientras el vehículo está circulando, obligando a que los coches permanezcan en garajes o estacionamientos cuando no estén prestando servicio.
En materia ambiental y profesional, las VTC deberán cumplir requisitos similares a los exigidos al taxi, tanto en lo relativo a las condiciones ecológicas de los vehículos como en las exigencias formativas y lingüísticas para los conductores.
Regulación de la alta disposición, las limusinas y las plataformas digitales
La nueva categoría de Alta Disposición se concibe como un servicio que solo podrá prestarse mediante contratación previa y con un tiempo mínimo de disponibilidad, requiriendo una autorización específica vinculada a una autorización interurbana VTC.
En cuanto a las limusinas, contarán con una regulación diferenciada y su número de autorizaciones quedará limitado a los vehículos que se encuentren operativos en el momento en que la ley entre en vigor.
Respecto a la intermediación digital, el texto define con mayor precisión el papel de las plataformas y aplicaciones, diferenciando entre modelos horizontales y verticales e imponiendo la obligación de compartir datos con el sistema común de información del sector.
Una infraestructura de datos común para el sector
La normativa establece la creación de un registro obligatorio acompañado de una infraestructura de datos compartida, destinada a recopilar información sobre taxis, VTC y operadores de intermediación.
El objetivo de esta herramienta es mejorar la planificación, la supervisión y el control administrativo del sistema de movilidad, permitiendo a la administración disponer de información más precisa sobre la actividad del sector.
Un régimen sancionador más estricto
El nuevo marco regulatorio refuerza el sistema disciplinario, incorporando una clasificación más detallada de infracciones leves, graves y muy graves.
Las sanciones económicas se graduarán en función de la gravedad de la infracción y podrán incluir medidas adicionales como la inmovilización del vehículo o la retirada de la licencia, especialmente en casos de reincidencia en faltas muy graves.
Una reorganización profunda del sistema de movilidad
En conjunto, la iniciativa legislativa plantea una transformación estructural del transporte de pasajeros en vehículos de hasta nueve plazas en Catalunya. El taxi se consolida como pieza central del servicio público de movilidad urbana, mientras que las VTC y otras modalidades pasan a desempeñar un papel complementario dentro de un marco regulado.
Al mismo tiempo, el texto incorpora herramientas tecnológicas, exigencias ambientales más estrictas y mayores requisitos profesionales, elementos orientados a modernizar el funcionamiento del sector.
La introducción del mecanismo BESCANVI abre una vía de transición que pretende reducir el conflicto histórico entre los distintos operadores, ofreciendo un período de adaptación más amplio que el anteriormente avalado por los tribunales y garantizando la continuidad de la actividad para quienes actualmente trabajan en este ámbito.
En términos generales, la propuesta se presenta como una respuesta integral a la inseguridad jurídica y a las tensiones existentes en el mercado, con el objetivo de equilibrar competencia, sostenibilidad y protección del interés general dentro del sistema de movilidad en Catalunya.
