El abogado general del TJUE respalda la amnistía y niega malversación en el 1-O
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha emitido este jueves unas conclusiones que suponen la primera validación europea de la ley de amnistía del procés. En su dictamen afirma que la amnistía es una competencia exclusiva de los Estados y que la norma española respeta el derecho de la Unión, descartando además que se utilizaran fondos europeos en la organización del 1-O.
Spielmann sostiene que la directiva europea no prohíbe mecanismos de extinción de la responsabilidad penal como la amnistía y rechaza que se trate de una “autoamnistía”. También concluye que la ley española no vulnera la normativa europea contra el terrorismo.
El TJUE deberá ahora emitir sentencia, previsiblemente a finales de año, siguiendo o no el criterio del abogado general. La resolución podría condicionar la decisión posterior del Tribunal Constitucional sobre si la malversación atribuida a Carles Puigdemont y a su Govern es amnistiable.
Sin afectación a los fondos de la Unión
Respecto al gasto del 1-O, Spielmann señala que no existe vínculo entre las actuaciones del Govern y una afectación a los intereses financieros de la UE, por lo que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no impediría aplicar la amnistía. Recuerda además que la Generalitat no usó fondos europeos para el referéndum.
El Tribunal de Cuentas mantiene abierta una reclamación por 5 millones de euros, pero el abogado general rechaza la interpretación extensiva que proponía este órgano.
Ajustes a la hora de aplicar la ley
El único reproche del abogado general se centra en algunos elementos procedimentales de la ley: ve problemático imponer plazos estrictos de dos meses a los jueces para resolver, impedirles ponderar los hechos o obligarles a levantar medidas cautelares de manera automática.
Estos puntos ya fueron corregidos a raíz del dictamen de la Comisión de Venecia, y la mayoría de tribunales españoles han seguido criterios propios. El Supremo, por ejemplo, mantiene vigente la orden de detención contra Puigdemont y rechaza aplicar la amnistía a los exconsellers acusados de malversación.
Spielmann también indica que los jueces nacionales pueden mantener medidas cautelares —como las órdenes de detención— hasta recibir la respuesta del TJUE si plantean una cuestión prejudicial.
El abogado general considera además que el Tribunal de Cuentas sí es un órgano jurisdiccional y, por tanto, puede elevar preguntas prejudiciales al TJUE, pese a que las defensas de Junts y ERC habían cuestionado su imparcialidad.
Los CDR y la directiva antiterrorista
En otra conclusión relacionada, Spielmann también avala la amnistía para los 12 CDR investigados por terrorismo en la operación Judas. Considera que la ley se ajusta al derecho internacional y a los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: no se trata de una autoamnistía y excluye expresamente violaciones graves de derechos humanos.
Esta valoración contradice la tesis del abogado de la Comisión Europea, que había calificado la norma de autoamnistía por su contexto político.
