La jueza desmonta el informe de la Guardia Civil sobre la DANA por contener errores y juicios políticos
Duro reproche de la jueza que instruye el caso de las inundaciones causadas por la DANA en octubre de 2024. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, del juzgado de Catarroja, ha rechazado de forma contundente el informe entregado por la Guardia Civil respecto a la cronología de los hechos, calificándolo de «erróneo» y lleno de valoraciones inapropiadas. El documento, elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, incluía opiniones sobre responsabilidades políticas, algo que no se había solicitado.
Se descarta imputar al presidente de la CHJ
Con base en ese informe, la asociación Liberum, personada como acusación particular, solicitaba la imputación de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Sin embargo, la jueza ha rechazado esa posibilidad, dejando claro que el contenido del documento no se ajusta a lo requerido, y por tanto, no sirve de base para tomar decisiones procesales de ese tipo.
El informe excede lo solicitado y entra en valoraciones
La magistrada ha sido clara al indicar que la Guardia Civil se extralimitó. Lo único que se les pidió fue una cronología precisa de los episodios de desbordamientos de cauces y presas durante la tragedia del 29 de octubre, relacionados con las víctimas mortales. Pese a que la Fiscalía sí había solicitado un análisis de la actuación de las administraciones, el juzgado lo había descartado, por lo que incluirlo en el informe fue una actuación improcedente.
Según Ruiz Tobarra, el documento carece de valor incriminatorio o exculpatorio, ya que realiza interpretaciones que no corresponden a la Policía Judicial. Además, recalca que la evaluación de posibles negligencias administrativas es una tarea exclusiva del poder judicial, no de los cuerpos de seguridad.
Errores e inexactitudes en el contenido del informe
La jueza también detecta graves fallos en el análisis realizado. Uno de ellos es que el informe sostiene la existencia de un «apagón informativo», teoría que, según recuerda la magistrada, ya fue descartada en sede judicial. De hecho, hubo comunicaciones verificadas entre la AEMET y el Centro de Coordinación de Emergencias, lo que desmonta la tesis de la falta de información.
Ruiz Tobarra subraya que el único «apagón» constatable ocurrió en el marco de la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), donde participó la entonces consellera Salomé Pradas, ya cesada. Según la jueza, la comunicación se interrumpió dos veces en momentos clave de la gestión de la emergencia, algo que no fue recogido en el informe de la Guardia Civil.
Documento incompleto y con omisiones relevantes
La crítica final de la jueza se centra en la falta de profundidad y cobertura del documento entregado. A su juicio, el informe pasa por alto elementos fundamentales, como el papel que jugaron los medios de comunicación para informar a la ciudadanía sobre la evolución de la emergencia. Esta omisión contribuye, según la magistrada, a que el informe sea considerado «claramente incompleto».
