La Audiencia de València condena a tres años y medio de prisión al ex alcalde popular de Gandía por el caso Tele7
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al ex alcalde del Partido Popular de Gandia (Valencia), Arturo Torró, a la pena de tres años y medio de prisión por malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre los años 2012 a 2015 en el consistorio.
Así se desprende de la sentencia en la que el tribunal le condena como autor de un delito de malversación de caudales públicos y, junto a la pena de cárcel, le reclama el pago de una indemnización solidaria junto a Ricardo Manuel Faura, exadministrador de la mercantil Comarques Central Televisió, de 135.812,50 euros al Ayuntamiento de Gandia. Faura también ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión como cooperador de la malversación. Además, la Audiencia impone a Torró una inhabilitación absoluta de seis años y seis meses.
Por otro lado, el tribunal absuelve a José Vicente Codina, Josep Lluís Giménez, Antonio Abad, Francisco Javier Reig y Cristina Serrano, que estaban acusados en el procedimiento.
Para Torró, la Fiscalía reclamaba ocho años de prisión por el delito de la malversación pero finalmente se ha quedado en tres años y seis meses al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas.
Durante la vista, Torró destacó que nadie puso jamás ninguna pega a la gestión de las televisiones: «Todo era aplausos porque se veía más la televisión que antes y a menos de la mitad del coste que antes», señaló.
Sin embargo, tal y como se desprende de la sentencia, Torró cometió un delito de malversación. Los hechos se remontan a julio de 2011, con el cierre de la emisora municipal Gandia TV. Un tiempo después, Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) recibió una encomienda de gestión del Ayuntamiento de Gandia para realizar actividades de comunicación.
En este contexto, IPG adjudicó en 2012 dos contratos de prestación de servicios públicos de comunicación audiovisual televisiva a dos empresas: Comparques Centras Televisió S.L. (CCTV) e Inversiones Espciales del Mediterráneo S.L. (Tele 7). El importe recibido por ambas mercantiles para producciones audiovisuales y retransmisiones de interés para la ciudad ascendió, con sus prórrogas, a más de 7.000.000 de euros.
El tribunal, tras estudiar los hechos, ve acreditado que Torró, interesado en apartar a CCTV de la prestación del servicio de comunicación audiovisual contratado para conseguir que Faura, administrador único de CCTV se aviniera a resolver la relación contractual que unía a esta mercantil con IPG, de la que Torró era presidente, le ofreció 500.000 euros.
