Condenado a 3 años de prisión y 7 de inhabilitación un médico por cobrar certificados de defunción
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres años de prisión y siete de inhabilitación para un médico de Pontevedra que cobró por expedir certificados de defunción, sabiendo que este trámite administrativo necesario para enterrar a un difunto no comportaba ningún coste.
Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2018, cuando el facultativo ejercía como médico de familia del Servizo Galego de Saúde, en el Centro de Saúde en Parda, Pontevedra.
En 2021, la Audiencia de Pontevedra le impuso la condena de tres años y un día de prisión y siete de inhabilitación por un delito continuado de cohecho, una decisión que confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), y ahora también la Sala de lo Penal del Supremo, que rechaza el recurso de casación del condenado.
Cobraba entre 30 y 100 euros por un certificado gratuito
La sentencia del Supremo reconoce como hechos probados que el acusado se desplazó en noviembre del 2016 a un domicilio en Pontevedra donde había fallecido una mujer. El médico confirmó el deceso, pero se fue sin firmar ningún documento, instando a la funeraria a acudir al centro de salud donde trabajaba para solicitarlo. Allí, pidió al empleado de la funeraria el pago de 70 euros por expedir el certificado de defunción, una cantidad «que le fue entregada y repercutida a la familia de la fallecida», puntualiza la resolución.
El médico, consciente de que este trámite era gratuito, repitió la operación en enero del 2018 , cuando acudió a otro domicilio para certificar una muerte. Minutos después, el doctor pidió 70 euros a otro empleado de la empresa. Esta vez, sin embargo, el trabajador de la funeraria se negó. En este caso, el condenado se limitó a entregarle el «comunicado de éxitus», mientras que la certificación oficial de defunción la realizó el médico de cabecera de la difunta.
Un mes más tarde, el doctor volvió solicitando esta vez 30 euros, en caso de circunstancias similares. En esta ocasión, el empleado de la funeraria accedió a realizar el pago.
En junio de ese mismo año, el médico repitió por última vez la operación. Esta vez pidió 100 euros, que tampoco el empleado accedió a pagar.
