El TSJIB deniega la petición de un padre de Mallorca para que su hija reciba el 25% de clases en castellano

El TSJIB rechaza la petición de un padre para aplicar el 25% de español en un instituto de Mallorca

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha dictado un acto en el que ha rechazado la petición de un padre de Mallorca para que su hija reciba el 25% de clases del instituto en castellano.

De esta forma, la Sala ha denegado la petición de medida cautelar del progenitor, que interpuso un recurso contencioso administrativo contra la Consejería de Educación y Formación Profesional por el silencio administrativo. El padre solicitaba que su hija recibiera el 25% de las asignaturas troncales en castellano tanto en el curso que cursa como en los próximos.

La decisión, que fue secundada por tres magistrados del Tribunal mientras que dos juezas emitieron un voto particular de discrepancia, ha defendido que el marco jurídico de Baleares rige en materia de educación un sistema de conjunción lingüística, donde se parte de una regla general que impone vehicular la enseñanza en la lengua catalana al menos en un 50 por ciento.

De acuerdo con los magistrados, esta regla puede incrementarse sin límite “a través del proyecto lingüístico de cada centro que, a su vez, debe ser conforme con la realidad social, demográfica y económica circundante”. Según los jueces, la medida cautelar fue solicitada por una única persona y sólo en un centro educativo, «pero se impondría igualmente a los demás alumnos de la clase». Por tanto, consideraron que «es una medida cautelar que, por un lado, afecta gravemente al interés general». Además, sostuvieron que su denegación no es «un perjuicio relevante para ésta».

Por otra parte, el Tribunal apuntó en su decisión que la medida solicitada «es claramente ilimitada y sólo por este hecho ya se ve que no puede prosperar». De este modo, la Sala ha considerado, en su mayoría, que la parte recurrente no ha probado que el porcentaje real de la enseñanza en castellano sea de menos del 25% ni que la enseñanza de la lengua se decante de las previsiones del proyecto lingüístico del centro, que ha sido avalado por la Consejería.

En el acto, los magistrados han señalado que no consta «cuál es el interés público que colisiona con la petición del recurrente ni cuáles serían los criterios aplicables para determinar que debe prevalecer el supuesto derecho del recurrente y/o su hija frente al interés público y general en mantener el proyecto lingüístico vigente en el centro». En definitiva, la Sala ha sostenido que «el interés social y general supera al particular».

Por el contrario, las dos magistradas que firman el voto particular han entendido que debería haberse estimado íntegramente la solicitud de la medida cautelar. Las juezas argumentaron que el proyecto del centro educativo contempla como única lengua vehicular de enseñanza el catalán, así como opinaron que la medida cautelar solicitada no es contraria a los intereses generales.