España se mantiene firme frente a los campos de deportación que impulsa Meloni
La llegada de Giorgia Meloni a Bruselas sorprendió a muchos: aunque se presentaba como euroescéptica, fue recibida con cordialidad en la Comisión Europea de Ursula von der Leyen. La líder italiana logró que el Ejecutivo comunitario pasara de rechazar los centros de deportación de migrantes fuera de la UE a incluirlos en propuestas legales.
Fuentes diplomáticas indican que la próxima reforma del pacto migratorio de la UE, que se espera aprobar en el Consejo de Interior, podría legitimar los campos propuestos por Meloni o sistemas similares respaldados anteriormente por Reino Unido, Dinamarca o Países Bajos.
España, una posición aislada en Europa
Entre los Estados miembros, España se mantiene como uno de los pocos países en oponerse a estas políticas. Como el país más grande con gobierno socialdemócrata, se diferencia de otras naciones más pequeñas con coaliciones progresistas que han adoptado las propuestas más duras de la extrema derecha.
Dinamarca, que preside temporalmente el Consejo de la UE, ha sido uno de los principales aliados de Meloni para endurecer las normas migratorias, presionando al resto del bloque europeo para implementar medidas más estrictas.
Principales razones de la oposición española
Los argumentos de España y otros pocos países críticos se centran en dos áreas clave:
Existen serias dudas sobre si estos centros respetan los derechos humanos y la normativa de la UE. La ausencia de garantías jurídicas en terceros países podría derivar en decisiones adversas de los tribunales europeos. Informes periodísticos han documentado incumplimientos sistemáticos de estas garantías.
Por ejemplo, los tribunales italianos han paralizado los planes de Meloni de enviar migrantes a Albania, un país candidato a la UE. Otros Estados temen cargar con responsabilidades legales y morales de las deportaciones realizadas por terceros países dentro de la Unión.
Además, hay cuestionamientos sobre si estos centros son un método efectivo para gestionar la migración fuera de la UE. Experiencias previas en Albania mostraron que los costos son altos y que no hay garantía de que los países receptores cumplan los acuerdos. Algunos gobiernos también temen que los países de destino instrumentalicen la migración y exijan compensaciones, como ocurre frecuentemente entre España y Marruecos.
