El Gobierno propone blindar el aborto en la Constitución para garantizar la autonomía de las mujeres
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado que propondrá incluir el derecho al aborto en la Constitución española con el objetivo de “consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres”. Para ello, se utilizará el procedimiento de reforma ordinaria de la Carta Magna, que exige una mayoría cualificada en el Parlamento.
Con esta medida, España sería el segundo país del mundo, tras Francia en 2024, en reconocer el aborto como derecho constitucional.
Respuesta al “síndrome posaborto” y a la ofensiva ideológica
El anuncio llega tras la polémica generada por la iniciativa de la ultraderecha de Vox, apoyada por el PP en el Ayuntamiento de Madrid, que proponía ofrecer información sobre un supuesto “síndrome postaborto” a mujeres que deseen interrumpir su embarazo.
El Ejecutivo ha adelantado que modificará el Real Decreto 825/2010, para que toda la información relacionada con el aborto se base en criterios científicos objetivos y avalados por instituciones como la OMS y la APA, excluyendo teorías sin respaldo científico.
Defensa frente a retrocesos políticos
“España da un paso más en un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos”, subrayan fuentes del Gobierno, que destacan la necesidad de blindar este derecho frente a retrocesos futuros.
El propio presidente, Pedro Sánchez, criticó que gobiernos autonómicos dirigidos por el PP con apoyo de Vox están limitando este derecho al derivar los abortos a clínicas privadas en lugar de garantizarlo en la sanidad pública.
“Lo que sucede en Madrid es extraordinariamente grave y demuestra la alineación del PP con Vox en la regresión de derechos”, afirmó Sánchez.
Referencias jurídicas y contexto histórico
El Tribunal Constitucional, en su sentencia 44/2023, ya reconoció la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho esencial de las mujeres.
Este año se cumplen 40 años de la despenalización del aborto en España (Ley 5/1985), regulado más ampliamente en 2010 y reforzado en 2023 con la LO 1/2023, que amplió el acceso y tipificó como delito el acoso a mujeres en clínicas.
Igualdad y consenso político
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió la necesidad de blindar el aborto en la Constitución siguiendo la inspiración de países como Francia. Aunque en 2024 reconocía que no existían las condiciones políticas para ello, ahora insiste en que “los derechos reconocidos constitucionalmente resisten cambios de mayorías”.
