Ábalos y Koldo ingresan en prisión preventiva por el caso de las mascarillas
El juez Leopoldo Puente, instructor del caso de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, ha ordenado enviar a prisión provisional sin fianza a José Luis Ábalos y Koldo García. Ambos están investigados por organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. La medida fue solicitada por la Fiscalía y la acusación popular, quienes argumentaron un riesgo de fuga “extremo” debido a la proximidad del juicio y a las altas penas solicitadas: 24 años para Ábalos y 19,5 para Koldo.
Llegada al Supremo y expectación mediática
Ábalos llegó al tribunal poco antes de las 9:15 de la mañana, sin realizar declaraciones a la prensa, llevando consigo una pequeña mochila de cuero. Koldo García también llegó sin hablar con los medios y portaba una mochila más grande. Ambos eran conscientes de que podrían estar agotando los últimos minutos de libertad antes del ingreso en prisión.
Fundamentos del ingreso en prisión
El juez Puente subraya que existen “numerosos indicios racionales” de que Ábalos y Koldo cometieron los delitos imputados. Considera que las penas elevadas hacen que medidas como la retirada del pasaporte o la obligación de comparecencias periódicas sean insuficientes. Este caso marca un precedente, ya que es la primera vez que un diputado en activo ingresa en prisión preventiva. Según el reglamento del Congreso, Ábalos conserva el acta, pero queda suspendido de sus derechos y deberes parlamentarios, sin voto ni sueldo.
Declaraciones controvertidas y conflictos internos
En los últimos días, Ábalos ha lanzado declaraciones contra Pedro Sánchez a través de X (antiguo Twitter), asegurando que sí hubo una reunión entre el líder del PSOE y Arnaldo Otegi, confirmando versiones que también dio Koldo García sobre el traslado de Sánchez y Cerdán al encuentro. Tanto la Moncloa como EH Bildu niegan la existencia de la reunión, calificándola de información falsa. Ábalos también ha insinuado que Yolanda Díaz tuvo personas “no autorizadas” en su piso ministerial.
La Audiencia Nacional ha solicitado información al PSOE sobre pagos en efectivo entre 2017 y 2024. El informe de la Fiscalía, basado en investigaciones de la UCO, apunta a incongruencias en los pagos en metálico, algunos de los cuales no estarían justificados.
