El TSJM respalda la retirada de 65.000 anuncios ilegales de Airbnb ordenada por Consumo
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un nuevo auto en el que confirma la validez de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con las que se obligó a la plataforma Airbnb a retirar miles de anuncios de alojamientos turísticos que se publicitaban sin incluir la licencia correspondiente ni su condición jurídica.
Medidas cautelares y recursos fallidos
La decisión del tribunal se refiere a las medidas cautelares dictadas a finales de 2024 por la Dirección General de Consumo, que exigieron a Airbnb eliminar casi 35.000 anuncios (34.728 en total).
La multinacional presentó un recurso contra la medida, pero el TSJM ha desestimado la apelación, tal como ya hiciera meses atrás con un primer recurso de la compañía.
Con este fallo, el tribunal avala por segunda ocasión las actuaciones de Consumo frente a Airbnb.
Más de 65.000 anuncios retirados
En total, el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy ordenó retirar 65.000 anuncios ilegales en tres resoluciones:
- Una primera de 5.800 anuncios, confirmada en mayo por la justicia.
- Una segunda de 34.728 anuncios, ahora ratificada en este último auto.
- Una tercera resolución con los anuncios restantes, que no fue recurrida por Airbnb.
Tras estas resoluciones y el primer aval judicial, la empresa eliminó en julio de 2024 todos los anuncios señalados.
Motivos de ilegalidad detectados
Desde Consumo se señalaron tres causas principales para declarar ilegales los anuncios de pisos turísticos en Airbnb:
- Falta de número de licencia o registro, obligatorio en distintas normativas autonómicas.
- Licencias falsas o incorrectas, que podían inducir a engaño a los consumidores.
- Ausencia de información sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, si eran particulares o profesionales, aspecto clave para la protección de quienes alquilan.
Sanciones y medidas complementarias
En este mismo contexto, Consumo abrió en diciembre de 2024 un expediente sancionador contra Airbnb y mantiene en marcha procedimientos contra grandes gestoras de viviendas turísticas por posibles prácticas engañosas, así como contra agencias inmobiliarias por abusos a inquilinos.
El ministro Bustinduy ha recalcado que todas estas acciones forman parte de la estrategia para combatir la crisis de la vivienda en España, recordando que:
“Ninguna empresa, por muy grande que sea, está por encima de la ley. Hay miles de familias que viven al límite mientras unos pocos se enriquecen expulsando a la gente de sus hogares”.
